Telefónicas esperan veto del artículo 103 de Ley de Servicios de Confianza

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La organización GSMA Latin América, que representa los intereses de los operadores de telefonía móvil de todo el mundo, y une a cerca de 750 operadores y casi 400 empresas, enviaron una carta al presidente de la República, Mario Abdo Benitez, señalando las consecuencias negativas que tendría la Ley de Servicios de Confianza, y dan a entender que esperan el veto del artículo 103 para una revisión, acorde con un comunicado difundido esta tarde.

En relación a la Ley de Servicios de Confianza en transacciones electrónicas, recientemente sancionada por Cámara de Senadores, a través de la Resolución N°2.582, la referida asociación global de la industria, que incluye a todos los operadores móviles del Paraguay, advirtieron que algunos aspectos del texto sancionado podrían perjudicar seriamente a millones de ciudadanos que utilizan billeteras electrónicas.

“Paraguay ha sido pionero regional en el desarrollo y adopción de servicios financieros móviles que han posibilitado la inclusión financiera de más de dos millones de ciudadanos. En la actualidad este sistema cuenta con 14.000 puntos de venta a través de billeteras electrónicas, distribuidos en los más de 250 distritos del país”, destaca la nota enviada a la Presidencia de la República.

Agrega que dichas cifras representan a miles de familias que se sustentan formando parte de la red de distribución de este servicio, recibiendo en promedio de ganancia, aproximadamente un sueldo mínimo.

Destaca que lo establecido en el artículo 103 de la Ley sancionada, referente a la utilización de medios de identificación electrónica expedidos en virtud de un sistema con nivel de seguridad alto, es claramente desproporcionada para los usuarios de billeteras electrónicas. Argumentan que la transacción promedio en la actualidad es de Gs. 150.000, por lo que estima que se estaría provocando automáticamente la exclusión financiera de más de dos millones de ciudadanos, la mayoría sin acceso a otros servicios sustitutos, con el consecuente prejuicio económico a los puntos de venta. Estos, en su mayoría son pequeños negocios, lo que podrá ser una barrera a la adopción e inclusión financiera y resultaría en un claro retroceso de los avances alcanzados en más de una década, según señala la carta.

Como propuesta la organización GSMA indica las recomendaciones de instituciones globales de referencia como el Banco Mundial o el FATF (Financial Action Task Force), las cuales consideran la exclusión financiera como una de las barreras para combatir efectivamente el lavado de dinero o la financiación de actividades terroristas y proponen como solución el uso de esquemas de identificación proporcionales al riesgo.

“La promulgación de la Ley en la versión aprobada por el Congreso producirá distintos impactos negativos que serán muy difíciles de contrarrestar”, expresa una parte de la misiva.

Cinco consecuencias

El escrito detalla cinco consecuencias, la primera, sería en la generación de una barrera de uso, en especial a los usuarios más alejados de centros poblados, que se verán imposibilitados de realizar una nueva y compleja validación de identidad y por tanto podrían abandonar el uso de la billetera móvil.

En segundo lugar, menciona el incremento de los costos del servicio, que serán trasladados al usuario final, afectando su economía.

También, el retorno al uso masivo de dinero efectivo, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas y el costo logístico para las entidades financieras.

Otro impacto será la pérdida de la trazabilidad de las transacciones por el retorno al uso de efectivo, con potenciales consecuencias de tipo fiscal. Y, el desincentivo a la innovación en productos y servicios financieros.

“Creemos que, a fin de apuntalar el crecimiento, adopción e inclusión logrados por los servicios financieros móviles, y al mismo tiempo proveer un nivel apropiado de seguridad a sus usuarios, el texto sancionado debería ser revisado”, exhorta la carta de las telefónicas.

Agregan que resultaría adecuado considerar el texto de ley oportunamente aprobado por el Senado, que cuenta además con el apoyo del BCP, entidad reguladora que entiende en la materia.