Pobladores temen desalojo luego de más de 30 años de ocupación en Curuguaty.

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Una directiva de la fiscalía para que la policía realice relevamiento de datos en la colonia “7 Montes”, de Curuguaty encendió las alarmas de los lugareños quienes en su mayoría cuentan con títulos de propiedad expedida por la entonces Industrial Paraguaya. Llamativamente, de manera ágil la fiscalía dio curso a la presentación de un título de 1000 hectáreas que afecta a los colonos.

El agente fiscal Lucrecio Cabrera ordenó a la policía para que se constituya en la comunidad y realice relevamiento de datos de los ocupantes y sus pertenencias en el marco de una denuncia presentada por supuestos dueños de más de 1 000 hectáreas de tierras que forman parte de la colonia 7 Montes. El documento menciona el nombre de Felipe Santiago Acosta Godoy como recurrente, e inmediatamente Cabrera abrió la causa N° 1446/22 disponiendo que se identifique a todas las personas “extrañas” que estén dentro de la propiedad en la brevedad posible para los fines procesales pertinentes.

Preocupados por la situación los lugareños anuncian serie de movilizaciones para forzar una definición y cierre del caso, ya que en estas circunstancias viven en zozobra y ya no pueden dormir tranquilos, según dijeron.

Fabián Zarate y su esposa Catalina Lezcano de Zarate, viven desde 1980 en la localidad. La pareja cuenta que al principio la “Industrial Paraguaya”, empresa que era dueña de miles de hectáreas de tierra en la zona fue a conformar una comisión pro-loteamiento en el lugar y se realizó la mensura para posteriormente extender un plazo de 3 años para pagar por la propiedad de 10 hectáreas que se entregó a cada familia, de un total de entre 45 a 50 que habitaban en ese tiempo.

Eduardo Cardozo, docente jubilado poblador desde 1993 de 7 Montes, refirió que trabajó durante 27 años en una institución educativa cabecera de la zona, escuela y colegio que actualmente alberga a 20 docentes y más de 200 alumnos.

El educador contó que llegó a completar 25 hectáreas de tierra que adquirió de otros pobladores más antiguos, pero aseguró que cuenta con todos los títulos correspondientes que datan de los años 90. “Todos llegaron a pagar por los títulos, algunos no obtuvieron, pero cancelaron el pago”, señaló.

Actualmente más de 100 familias están afectadas en forma directa por la determinación del fiscal Lucrecio Cabrera, quien dio curso a la denuncia del recurrente originando un ambiente de crispación, “No sabemos a dónde ir, estamos en zozobra, ya no podemos dormir tranquilos” expresó Catalino Lezcano.

Por su parte, Isabelino Garcete de la Federación Nacional Campesina (FNC), dijo que no existe otro camino que la unidad entre sectores indígenas y campesinas para defender la posesión de las tierras y se mostró preocupado para lo que considera una subordinación de las autoridades a los latifundistas quienes tienen más derechos que las familias.

Hasta el momento la policía jurisdiccional no obedeció al agente Cabrera y todavía no se constituyó para levantar datos de la población.

Los lugareños presumen que el título que se presentó en la fiscalía sería uno más de tantas escrituras “apócrifas” o superpuestos que fueron inventados a lo largo del tiempo, y que empiezan a ser presentados ante las autoridades, con la intención de quedarse con las tierras de la zona.

Actualmente, en la misma unidad fiscal, los indígenas Aché de Villa Ygatimi luchan por no perder 2000 hectáreas de sus tierras que un conocido maderero brasileño de la Paloma, Volnei Ricardi, dice poseer el título de propiedad. Llamativamente, en el 2018, el “propietario” de las presidas tierras entregó dicha parcela a presuntos campesinos que actualmente están en conflicto con los nativos.