En Curuguaty presentan amparo judicial para la reapertura de humilde escuela cerrada

14

La escuela N° 5.757 San Felipe y Santiago de la Colonia Yeruti, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, cerró sus puertas sin justificación aparente, dejando sin el servicio educativo a la comunidad cercana. Ante la situación, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentó ante el Poder Judicial un amparo para exigir su reapertura

La Coordinadora de DDHH pidió explicaciones al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), institución que negó el cierre de la escuela argumentando que no se recibió ninguna solicitud de cierre por parte de la comunidad educativa. Pero Codehupy evidenció el cierre el pasado 12 de marzo del 2021, cuando se presentó a la escuela que se encontraba totalmente vacía, sin docentes, ni mobiliarios.

“El derecho a la educación está reconocido en la Constitución paraguaya de 1992 (artículo 73), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador (artículo 13) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 28)”, cita la organización entre sus argumentos, donde destaca la obligatoriedad y gratuidad de este derecho.

Pupitres, mesas, menajes del comedor y equipamiento de la cocina, que había sido donado por un particular, había sido retirado de la humilde institución educativa cordillerana. Mientras que el docente de la escuela ya no ha vuelto a aparecer en la zona y se desconoce qué ha sucedido con su rubro.En este sentido, denuncian el porqué el MEC no previó otra alternativa para que los niños de la comunidad para que éstos no perdieran el año escolar. La única salida ofrecida es que los niños y niñas de la escuela recorran 10 kilómetros hasta la escuela más cercana luego, hagan otros 10 kilómetros, de vuelta a sus casas. Todo ello a través de caminos rodeados de sojales, que no cuentan con barreras vivas de protección, lo que los expone a daños a su salud e integridad física, según argumenta la Coordinación.